Lunes, 11 de enero de 2016
Estamos en un momento de expectativas para las empresas del régimen subsidiado. La capacidad de negociación es limitada debido a las deudas atrasadas.
El Régimen Subsidiado en Salud – RS es el mecanismo mediante el cual se materializa el derecho a la salud para la población más pobre y vulnerable del país según lo establecido por el sistema general de seguridad social. Hoy, su cobertura es de casi 23 millones de colombianos, es financiado con multiplicidad de fuentes, incluye prestadores públicos y privados, y amerita coordinación con otros sectores sociales para garantizar verdaderos resultados de salud y bienestar en esta población.
Mediante la afiliación, planeación y organización de la atención a través de las prestadoras -en un 60% públicas-, las organizaciones que operan este régimen, EPS subsidiadas – EPSS apoyándose en oficinas de atención al usuario ubicadas en cada uno de los municipios donde tienen afiliados, logran informarlos, orientarlos, identificar sus riesgos y garantizarles las atenciones que requieren.
En estos 20 años, el régimen subsidiado ha pasado por etapas muy difíciles como aquellas en las que se iniciaba la cobertura y se priorizaban personas por criterios diferentes a los que definía el Gobierno Nacional y que no cumplían con los parámetros de extrema pobreza, o cuando la totalidad de los recursos hacían tránsito por las más de 1.000 alcaldías de municipios con capacidades resolutivas disímiles, con funcionarios desinformados y hasta mal intencionados que hicieron que los recursos financieros que garantizaban su operación se dilapidaran y se perdieran, configurando monumentales carteras que aún repercuten en la situación financiera de las EPS e IPS que trabajan en ese régimen. Inicios difíciles.
Luego de la homologación de los planes de beneficios, se incluyeron consultas de especialistas y comenzó en el RS a subir el llamado NO POS, exponiendo el reembolso a las EPSS y a la no disponibilidad de recursos en los departamentos (que son responsables del pago, no el Fosyga). Estos servicios han sido también objeto de uso y abuso de algunos prestadores que, aprovechando el incentivo de ser pagados antes para poder ser recobrados a los departamentos, son hoy el mayor de los problemas sin resolver en el subsidiado, cuando ya el manejo de las bases de datos y el flujo de recursos fue centralizado en un 95% y es girado directamente por el Ministerio durante los 10 primeros días de cada mes a los prestadores y en un mínimo porcentaje a las EPS.
De toda esta historia existen huellas en los estados financieros de las EPS vigentes y muchas que en el camino se liquidaron pero, sobre todo, huellas de no contar con liquidez para darle a sus usuarios unas mejores y más modernas instalaciones y tecnologías como realmente se merecen. La más reciente historia en el régimen subsidiado la tiene Caprecom, empresa que por años evidenció situaciones complejas que no permitieron al Gobierno ni por las finanzas del mismo Estado, siendo propietario de la entidad, ni por el bien y garantía de los usuarios, continuar con su manejo. Esta situación obliga a que las EPS debidamente habilitadas con experiencia y arraigo en las comunidades más pobres del país, y que se encuentran en mejor capacidad técnica y financiera, se estén preparando para recibir a más de 2.5 millones de personas afiliadas a esa organización.
Los retos: recibirlos y garantizar buenos estándares de atención y que no se ponga en riesgo para sus afiliados actuales, lidiar la represa de desatención que traen, pero sobre todo continuar mejorando sus sistemas de información, sus modalidades de prestación móviles, sus tecnologías y sus programas de gestión de riesgo que cada vez sorprenden más con avances y resultados a grupos de interés que ya van valorando su existencia.
Pero quizá el más importante es continuar mejorando la confianza y sentido de pertenencia de sus usuarios, gobiernos locales y nacional, academia, proveedores y profesionales, en un ambiente que aún no resuelve el pasado, y que las enfrenta a unas exigencias de habilitación para continuar garantizando este derecho fundamental a los más pobres y vulnerables del país.