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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN LABORAL A LAS TRABAJADORAS CUALIFICADAS DE LA SALUD 2023

PROTECCIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN LABORAL A LAS TRABAJADORAS CUALIFICADAS DE LA SALUD 2023

La pandemia de COVID-19 evidenció y exacerbó las profundas desigualdades y precariedades estructurales en el sector salud de Colombia, afectando de manera desproporcionada al personal de enfermería y medicina, predominantemente femenino. Este estudio, realizado por Cortés et al., analiza las condiciones laborales de estos trabajadores, centrándose en la interseccionalidad entre informalidad, feminización del cuidado y falta de protección social. A través de un enfoque multidimensional que combina análisis normativo, estadísticas laborales y metodologías cuantitativas, la investigación identifica los principales factores que profundizan la precariedad y propone recomendaciones concretas para transitar hacia un marco de trabajo decente, en línea con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La formalización laboral del personal de salud es esencial para superar la precariedad estructural en Colombia.

La investigación destaca que la pandemia acentuó problemas estructurales preexistentes en el sector salud colombiano, como la cobertura fragmentada de la protección social y la escasez de personal calificado, especialmente en enfermería, donde la ratio por habitante es significativamente inferior a la de países de la OCDE y otros latinoamericanos.

Se identifica el "síndrome de agotamiento" (burnout) como una consecuencia crítica de las condiciones laborales, agravado por la alta carga asistencial, falta de recursos, inseguridad laboral y escasa oportunidad para el desarrollo profesional, lo que impacta negativamente la salud física y mental del personal.

Mediante la construcción de un índice de precariedad laboral, el estudio revela disparidades significativas entre ciudades, con Cali, Bogotá y Barranquilla presentando los niveles más altos, mientras que Medellín e Ibagué registran los más bajos, reflejando desigualdades regionales en la calidad del empleo.

La precariedad se manifiesta también en la alta rotación y la dificultad para retener talento en zonas rurales, donde factores como condiciones de vida, falta de compensación económica y políticas de recursos humanos inadecuadas desincentivan el trabajo estable.

El análisis normativo subraya la necesidad de ratificar convenios internacionales clave de la OIT, como el Convenio 149 sobre personal de enfermería, y aplicar recomendaciones como la 202 (Piso de Protección Social) y la 204 (transición a la formalidad), aún no fully integradas en la legislación colombiana.

Entre las recomendaciones prioritarias, se propone transitar hacia contratos laborales directos y estables, superando modalidades precarias como la prestación de servicios, y establecer tablas salariales sectoriales que reconozcan formación, experiencia y cierren brechas de género y regionales.

Se enfatiza la urgencia de regular la carga laboral y garantizar tiempos de descanso, en línea con la Ley 2101 de 2021, así como implementar planes de prevención de riesgos laborales y dotar de espacios adecuados para el descanso, especialmente tras los impactos psicosociales de la pandemia.

Finalmente, el estudio concluye que la implementación de estas recomendaciones requiere un esfuerzo coordinado entre gobierno, empleadores y trabajadores, con roles definidos para cada actor, a fin de asegurar condiciones laborales dignas, mejorar la calidad de la atención en salud y avanzar hacia la garantía del trabajo decente.

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